Milei firmó el veto a la ley de financiamiento universitario
El veto presidencial a la ley de financiamiento universitario abrió un nuevo conflicto con la oposición, que analiza reunir los votos necesarios para revertirlo.
El Poder Ejecutivo envió este miércoles al Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario y abrió un nuevo frente de disputa con la oposición. Los bloques parlamentarios ya analizan si convocarán a una sesión especial el próximo miércoles para intentar rechazar la decisión presidencial.
La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una mayoría de 158 votos afirmativos. Sin embargo, ese número no alcanzó los dos tercios necesarios para blindar el proyecto frente a un eventual veto. Ahora, la oposición deberá reunir esa mayoría especial si pretende insistir con el texto original.
En la misma sesión de agosto, el Congreso también sancionó la declaración de emergencia en pediatría, vinculada a la crisis del Hospital Garrahan, y la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ambos proyectos también fueron objetados por la Casa Rosada, aunque los vetos correspondientes aún no se remitieron al Parlamento. El plazo vence este jueves.
Con el veto al financiamiento universitario, se espera lo mismo para Garrahan y discapacidad
La ley vetada por Javier Milei había nacido de un acuerdo entre el radicalismo disidente de Democracia para Siempre y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El texto establecía que los gastos de funcionamiento de las universidades, los hospitales universitarios y las partidas para investigación debían actualizarse de manera automática por inflación. También incluía la convocatoria a paritarias en un plazo de tres meses para recomponer salarios docentes y no docentes, además de incrementos en las becas estudiantiles.
Desde el inicio, la Casa Rosada rechazó la iniciativa por considerarla incompatible con el programa de equilibrio fiscal. En el veto, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno argumentó que el proyecto incumple el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda norma con nuevos gastos indique con precisión las fuentes de financiamiento.
En ese marco, el Ejecutivo señaló que las fuentes previstas —como mayores ingresos recaudados o reasignación de partidas— resultan “genéricas” y no garantizan suficiencia ni disponibilidad de recursos. El texto oficial advirtió que la implementación de la ley hubiera generado un gasto adicional superior a un billón de pesos en 2025, lo que comprometería la estabilidad de las cuentas públicas.
El comunicado también subrayó que un desembolso de esa magnitud, sin respaldo genuino, sólo podría financiarse con emisión monetaria. Según el Ejecutivo, esa alternativa dispararía la inflación y afectaría con mayor dureza a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La máxima inquebrantable del déficit cero
No es la primera vez que Milei confronta con el Congreso en materia universitaria. El año pasado también vetó una ley que buscaba aumentar el financiamiento del sistema. En esa ocasión, logró reunir un tercio de los votos en Diputados para sostener su decisión, con el apoyo de algunos gobernadores y de un sector del radicalismo que hoy integra un interbloque con el oficialismo.
La reacción de la oposición no se hizo esperar. En distintos bloques circulaba la idea de convocar una sesión especial para la próxima semana e incluir en el temario el rechazo al veto. Los sectores más duros sostuvieron que llevar el debate al recinto serviría para aprovechar la actual debilidad política del Gobierno, golpeado por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y por su relación tirante con los gobernadores.
Este jueves por la mañana se celebrará una reunión clave entre los secretarios parlamentarios opositores. Allí se definirá si avanza la convocatoria y cómo se estructurará el temario. Además, los legisladores deberán evaluar qué hacer con otros vetos pendientes, como los que afectan a la declaración de emergencia por Bahía Blanca y a la moratoria previsional.
Fricción con los gobernadores
En paralelo, los gobernadores miran con atención la definición sobre la ley de ATN, que impulsa la distribución automática de los fondos entre las provincias. Aunque el Ejecutivo asegura que vetará el proyecto, las provincias consideran que la iniciativa no implica costo fiscal y reclaman su puesta en marcha inmediata.
El escenario en el Congreso se presenta complejo. La oposición necesitará tejer acuerdos amplios y reunir dos tercios de los votos, un desafío que no siempre logra superar. Sin embargo, el contexto político parece más favorable tras los últimos resultados electorales y el desgaste que enfrenta el Gobierno en su vínculo con los mandatarios provinciales.
La discusión sobre el financiamiento universitario, más allá de las cifras, refleja el choque de modelos entre el oficialismo y la oposición. Mientras Milei prioriza el déficit cero y la estabilidad fiscal, los rectores y los legisladores que impulsaron la ley reclaman un financiamiento estable para sostener el sistema educativo y garantizar su funcionamiento.
La disputa promete extenderse en los próximos días, con el Congreso convertido nuevamente en el escenario de una pulseada que marcará el rumbo de la relación entre el Ejecutivo y la oposición en un momento político delicado.
