El Gobierno nacional desreguló los aranceles de colegios privados
Mediante un decreto, derogaron una normativa que regulaba los precios de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen los valores sin autorización previa del Estado nacional.
A través del Decreto 787/2025, publicado en la madrugada de este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional derogó la norma 2417/1993 y desreguló así los aranceles de colegios privados. Durante más de treinta años, se reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en Argentina. La medida marca un cambio profundo en la relación entre el sector privado educativo y el Estado, al eliminar la obligación de comunicar y solicitar autorización para modificar cuotas y matrículas.
Según los fundamentos del decreto, el esquema vigente “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”. En este sentido, el Ejecutivo argumentó que el modelo instaurado en la década del 90 respondía a un contexto institucional distinto, cuando la administración educativa dependía directamente del Gobierno nacional.
Las regulaciones de colegios privados, en manos de las provincias
Con la transferencia de competencias a las provincias, el texto sostiene que “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”.
El decreto también cuestiona la intervención estatal en la fijación de aranceles, al señalar que “ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”. Según el análisis oficial, la exigencia de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con antelación “limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.
Nuevo mecanismo de control de precios
Además, el Gobierno nacional advirtió que el mecanismo de control de precios “perjudica a las familias”, ya que muchas deben afrontar “aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo”, lo que reduce su capacidad de elegir escuelas que se adecuen a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, las obliga a trasladar a sus hijos a otras instituciones.
En la misma línea, el decreto subraya que la obligación de comunicar los montos de matrícula con anticipación y obtener autorización estatal “crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.
Derecho de propiedad
El texto también hace hincapié en el derecho de propiedad de los establecimientos educativos privados, al sostener que “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”. Según el Gobierno nacional, la rigidez del sistema vigente “puede llevar a una precarización de la calidad educativa”, ya que las instituciones “no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos”.
Finalmente, el decreto instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las pautas del Decreto 2542/1991, conocido como la norma madre del financiamiento educativo privado. El objetivo, según el texto, es avanzar hacia un nuevo esquema basado en el principio de libre contratación. Este, aseguran, permitirá a las instituciones definir sus políticas de precios “en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.
