Revés judicial a Nación: una medida cautelar restituye el financiamiento universitario
Un juez federal suspendió el decreto del Ejecutivo que había frenado la ley de financiamiento universitario. Ordenó actualizar salarios docentes y becas estudiantiles de manera inmediata.
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, dictó una medida cautelar que dejó sin efecto de manera provisoria el Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (27.795). La resolución ordena al Estado Nacional cumplir de inmediato con la actualización de partidas destinadas a salarios docentes y becas estudiantiles.
La decisión se adoptó en el marco de una acción de amparo colectivo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades, que cuestionaron la constitucionalidad del decreto presidencial dictado pese a la insistencia del Congreso. El magistrado consideró que la norma presenta, en principio, rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
En su fallo, Cormick señaló que la cautelar solicitada tenía carácter innovativo, ya que implicaba ordenar el cumplimiento inmediato de una ley cuya aplicación había sido suspendida. No obstante, entendió que se encontraban acreditados los requisitos legales, en particular la inobservancia de un deber jurídico concreto por parte del Estado, tras la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional.
El juez sostuvo que, en esta etapa preliminar del proceso, la insistencia del Congreso no admite una “variante suspensiva” y que corresponde la efectiva aplicación de la ley sancionada. También remarcó que el Poder Ejecutivo fundamentó la suspensión en una norma de jerarquía inferior, frente a un mandato constitucional expreso.
En relación con el peligro en la demora, el fallo destacó el deterioro del poder adquisitivo de docentes y becarios, situación que —según indicó— vulnera derechos laborales protegidos por la Constitución y tratados internacionales. Además, advirtió que el impacto del recorte no solo afecta a los trabajadores, sino también al derecho a enseñar y aprender.
Finalmente, Cormick concluyó que el decreto del Ejecutivo podría vulnerar el principio de división de poderes y resolvió declarar inaplicable el Decreto 759/2025 en lo referido a la suspensión de la ley. La medida cautelar regirá hasta que se dicte la sentencia definitiva y fue concedida bajo caución juratoria.
