Debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad: miradas cruzadas desde la Justicia
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El Gobierno nacional reactivó en las últimas horas uno de los debates más sensibles de la agenda pública: la reforma del régimen penal juvenil y la posible baja de la edad de imputabilidad. La iniciativa ya fue enviada al Congreso y propone que los menores puedan ser imputables desde los 13 años en casos de delitos graves, mientras que sectores de la oposición plantean llevar ese límite a los 14.
El proyecto oficial contempla penas de hasta 20 años para hechos de extrema gravedad, aunque pone el foco en la resocialización, con medidas alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño y programas de reinserción.
Además, prevé una inversión de más de 23.700 millones de pesos destinada al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, junto con acuerdos con las provincias para infraestructura, capacitación y creación de institutos especializados para menores.
En este contexto, la Conferencia Episcopal Argentina expresó su preocupación y llamó a priorizar la educación, la escolarización y la contención social como herramientas centrales para evitar que niños y adolescentes ingresen al circuito delictivo.
Desde una mirada local, el defensor oficial penal y correccional Rodrigo Torres Muruat brindó su visión sobre el tema y se mostró crítico frente a la propuesta. Con experiencia tanto en causas de adultos como de menores, sostuvo que el endurecimiento de las penas y la baja de la imputabilidad no representan una solución real al problema de la inseguridad.
“El sistema penal no cumple adecuadamente la función resocializadora ni siquiera con los adultos. Pretender que lo haga con adolescentes es una ficción”, señaló el funcionario judicial, al tiempo que remarcó la falta de un sistema especializado dentro del Poder Judicial para abordar los conflictos penales juveniles.
Torres Muruat destacó que, en la mayoría de los casos, los menores involucrados en delitos presentan problemas de adicción, abandono escolar y contextos familiares fragmentados. “El encarcelamiento no resuelve la raíz del problema cuando no hay políticas públicas sólidas de contención, salud y educación”, afirmó.
En relación con la realidad local, el defensor indicó que en Eldorado los delitos más frecuentes cometidos por menores son contra la propiedad, como hurtos y robos, y que los operadores judiciales priorizan medidas alternativas antes que la privación de la libertad. No obstante, reconoció que los recursos disponibles son limitados y que muchas veces las respuestas del Estado resultan insuficientes.
Finalmente, advirtió que una eventual reforma podría ser cuestionada judicialmente por posibles conflictos con principios constitucionales y tratados de derechos humanos, lo que abriría un nuevo capítulo de debate en los tribunales.
Mientras el Congreso se prepara para discutir el proyecto, la polémica continúa abierta entre quienes reclaman respuestas más duras frente al delito y quienes sostienen que la solución pasa por una mayor presencia del Estado en la prevención y la inclusión social.
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Multimedios Génesis Eldorado | Red de Medios Misiones
