Denuncian a Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca
La denuncia solicita peritajes contables, revisión de registros internos y análisis de circuitos administrativos del club. El faltante de 50.000 prendas y el manejo de abonos y carnets aparecen como ejes centrales del expediente.
El Ministerio de Seguridad formalizó una denuncia penal contra el presidente del Club Boca Juniors, Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta. La presentación judicial reclama la intervención de la Justicia para esclarecer irregularidades administrativas vinculadas a áreas sensibles del club.
Según se informó, el escrito pone el foco en abonos, carnets de socios y en un faltante significativo de indumentaria oficial, con el objetivo de determinar responsabilidades y eventuales perjuicios patrimoniales.
Antecedente judicial y actores involucrados
La acusación actual se suma a un antecedente registrado en mayo de 2025, cuando Riquelme había sido denunciado por presunta asociación ilícita. Aquella presentación fue realizada por Walter Klix, funcionario del Ministerio de Seguridad y vinculado a sectores opositores dentro de la vida política del club, de acuerdo con información de Agencia Noticias Argentinas.
La denuncia solicita investigar tres puntos centrales:
- Manejo de abonos y carnets de socios, con posibles inconsistencias administrativas.
- Desaparición de 50.000 prendas deportivas, consideradas un activo relevante del club.
- Circuitos de control interno, con énfasis en trazabilidad y registros.
El pedido apunta a establecer si existieron desvíos, omisiones o conductas dolosas en la gestión.
Contexto institucional y deportivo adverso
La presentación judicial se conoció en un momento complejo para la conducción de Boca Juniors. El club atravesó insultos en La Bombonera, la eliminación de la Copa Libertadores, la derrota ante River y la salida de Fernando Gago como entrenador, hechos que profundizaron la tensión interna y el clima político.
La causa queda ahora bajo análisis judicial, con expectativa por las medidas probatorias que puedan ordenar los tribunales y su impacto en la dirigencia xeneize.
