Publicaron el decreto del narcotest para funcionarios en Misiones: qué pasará si alguno da positivo
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El Gobierno de Misiones oficializó este lunes la publicación del Decreto N° 776 en el Boletín Oficial, una medida que establece exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios, fuerzas de seguridad y personal de salud pública.
La normativa, impulsada en el marco del “Año de la Prevención de Consumos Problemáticos y Adicciones”, fija un plazo máximo de 90 días hábiles para la primera implementación de los controles y otorga al Ministerio de Salud Pública 30 días para reglamentar el procedimiento específico.
El narcotest alcanzará al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios y subsecretarios, además de autoridades de organismos descentralizados, entes autárquicos y directorios de sociedades del Estado.
También estarán incluidos efectivos de la Policía de Misiones, personal del Servicio Penitenciario Provincial y agentes del sistema sanitario público, incluyendo trabajadores del Ministerio de Salud Pública, Parque de la Salud y la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones.
Cómo serán los controles
Según establece el decreto, los exámenes serán obligatorios, anuales y aleatorios. Los análisis estarán orientados a detectar metabolitos de sustancias psicotrópicas ilegales, entre ellas cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas, metanfetaminas y drogas sintéticas como MDMA y MDA, salvo casos con prescripción médica acreditada.
Además, el Gobierno convocará al Colegio de Médicos y al Colegio de Bioquímicos de Misiones para conformar un Comité de Auditoría Externa que supervisará la calidad y transparencia de los controles.
Qué pasará si un funcionario da positivo
El decreto establece que, si un examen detecta consumo de sustancias ilegales, el informe será remitido a la máxima autoridad del organismo correspondiente para activar los mecanismos administrativos y legales previstos.
En el caso de funcionarios políticos, el Poder Ejecutivo evaluará si continúa en el cargo o si es relevado de sus funciones.
Para integrantes de fuerzas de seguridad y personal sanitario, las autoridades podrán disponer licencias, suspensión preventiva o incluso el cese en la función pública, dependiendo de cada situación.
Todas las actuaciones tendrán carácter reservado y secreto, respetando principios de confidencialidad, privacidad y debido proceso.
Al mismo tiempo, la normativa contempla mecanismos de asistencia y abordaje integral para personas con consumos problemáticos, con acompañamiento interdisciplinario para favorecer la recuperación y reinserción laboral del agente involucrado.
Un nuevo esquema de control estatal
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca enviar “un mensaje claro de transparencia y responsabilidad pública”, además de impedir que el consumo de sustancias ilegales pueda afectar la toma de decisiones dentro del Estado.
El decreto también invita al Poder Legislativo, Poder Judicial, municipios y organismos constitucionales a adherir e implementar normativas similares dentro de sus respectivas competencias.
