Nación dispuso 1.026 suspensiones de pensiones por discapacidad en Misiones: cómo enterarse del listado y cómo reclamar
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La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, Tatiana Antúnez, confirmó que 1.026 pensiones de misioneros, fueron alcanzadas por una nueva disposición del Gobierno nacional que suspende las prestaciones. Durante una entrevista en el programa Arriba Misiones, de Misiones Online, cuestionó las irregularidades de las auditorías utilizadas para justificar la medida y explicó los trámites que deberán realizar los beneficiarios para solicitar su rehabilitación.
La funcionaria provincial precisó que la decisión forma parte de una medida de alcance nacional que afecta a más de 21.000 titulares de pensiones. La disposición fue oficializada mediante la Resolución 3695/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), publicada en el Boletín Oficial el 28 de octubre.
“En Misiones hay 1.026 suspensiones actualmente. A nivel nacional hay un listado de 21.000 y alguito de pensiones que están siendo suspendidas en este momento”, señaló Antúnez.
La resolución dejó sin efecto, para los beneficiarios incluidos en su anexo, una disposición de 2025 que había restablecido el pago de prestaciones anteriormente suspendidas. La nueva normativa contempla la posibilidad de solicitar la rehabilitación mediante documentación que acredite que persisten las condiciones que dieron origen al beneficio.
Antúnez advirtió que uno de los principales problemas es que numerosos beneficiarios todavía no recibieron una notificación individual, por lo que desconocen que sus pensiones figuran entre las alcanzadas por la medida.
“Las personas hoy se están enterando porque se tienen que buscar a través de este listado general”, manifestó.
Cómo consultar si una pensión fue suspendida
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad explicó que la provincia puso a disposición de los beneficiarios una herramienta de consulta que permite verificar la situación de cada prestación mediante el número de DNI.
Los interesados pueden también comunicarse con el Consejo Provincial de Discapacidad al 3764-739338 para obtener orientación y acceder a la herramienta de consulta.
“Si vos cargás y aparecen tus datos con un expediente, quiere decir que sí está suspendida tu pensión y que ahí tenés que hacer el siguiente trámite”, explicó.
En cambio, si el sistema no devuelve resultados, significa que ese documento no aparece en el listado correspondiente a la nueva resolución.
Antúnez aclaró que la consulta no sustituye el trámite administrativo, sino que permite identificar a las personas que deben solicitar la rehabilitación de su prestación.
Qué documentación deben presentar los beneficiarios
La funcionaria detalló que los titulares alcanzados por la suspensión deberán reunir documentación personal y médica que permita acreditar la condición por la cual se les otorgó originalmente la pensión.
Entre los documentos que recomendó preparar mencionó el DNI, frente y dorso; el Certificado Médico Oficial (CMO), utilizado para tramitar la prestación; estudios médicos respaldatorios; historia clínica o informes de especialistas; domicilio actualizado y una dirección de correo electrónico activa.
La documentación médica debe guardar relación directa con la condición de salud que motivó el otorgamiento del beneficio.
Por ejemplo, una persona que recibe la pensión por una afección en la columna vertebral debería aportar estudios vinculados con ese diagnóstico, como radiografías, resonancias magnéticas o informes emitidos por el especialista correspondiente.
La Resolución 3695/2026 establece la presentación de documentación médica actualizada, la renovación de datos personales y otros antecedentes pertinentes para acreditar el derecho a la prestación.
Dónde realizar el trámite para recuperar la pensión
Antúnez explicó que existen alternativas digitales y presenciales para presentar la documentación y solicitar la rehabilitación del beneficio.
Formulario del Ministerio de Salud
A través del formulario oficial de consultas pueden ingresar la solicitud y seleccionar la categoría correspondiente a pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Trámites a Distancia (TAD)
En la plataforma TAD deben buscar el trámite denominado “Presentación de Documentación para Pensión Invalidez”, para adjuntar los archivos requeridos.
Correo electrónico
La documentación también puede enviarse a citacion@senadis.gob.ar.
Atención presencial
Se habilitó la recepción en dependencias de SENADIS y en agencias y Unidades de Gestión Local de PAMI autorizadas. Antúnez recomendó comunicarse previamente con la oficina más cercana para confirmar que recibe los documentos.
Los canales fueron actualizados mediante una resolución publicada el 29 de octubre, que incorporó a PAMI como punto de recepción presencial y reemplazó la referencia inicial a las oficinas de ANSES. La decisión sobre la rehabilitación continúa a cargo de SENADIS.
Advierten por diferencias en los plazos de presentación
Uno de los aspectos que más preocupa al Consejo Provincial de Discapacidad es el plazo establecido para que los beneficiarios puedan presentar la documentación.
Antúnez explicó que la resolución nacional contempla 60 días corridos, pero aseguró que en otras provincias se detectaron cartas documento que otorgaban solamente 30 días para regularizar la situación.
La funcionaria también señaló que muchas personas no recibieron todavía una notificación formal, situación que genera incertidumbre sobre el inicio del plazo administrativo.
La normativa establece expresamente que los 60 días se cuentan desde la notificación de la resolución, no simplemente desde su publicación.
Ante estas circunstancias, la presidenta del Consejo recomendó que quienes aparezcan en el listado comiencen a reunir y presentar los antecedentes sin aguardar la llegada de una carta documento.
“Es muy importante que las personas ya que sepan que están en ese listado puedan avanzar y hacer todas las consultas que puedan o que ya se acerquen a presentar la documentación”, sostuvo.
La presentación del reclamo no implica que la pensión sea rehabilitada automáticamente. Cada expediente deberá ser analizado por el organismo nacional competente.
Antúnez cuestionó las auditorías que dieron origen a las suspensiones
Durante la entrevista, la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad también cuestionó los antecedentes utilizados por el Gobierno nacional para adoptar la medida.
Según relató, durante una reciente asamblea del Consejo Federal de Discapacidad, representantes provinciales plantearon a las nuevas autoridades de SENADIS una serie de irregularidades detectadas en los procedimientos de auditoría realizados anteriormente.
Antúnez aseguró que las autoridades nacionales reconocieron haber utilizado información procedente de esos controles, pese a que las provincias habían manifestado objeciones sobre su desarrollo.
“Nosotros planteamos que las auditorías fueron totalmente irregulares”, sostuvo.
La funcionaria denunció que algunos procedimientos no garantizaron condiciones adecuadas de accesibilidad y que los profesionales encargados de las evaluaciones no contaban inicialmente con criterios unificados.
Además, afirmó que en Misiones se detectaron situaciones en las que personas sin formación médica específica recibían y cargaban documentación clínica de los beneficiarios.
También mencionó presuntas irregularidades vinculadas con personal contratado para realizar auditorías, entre ellas la utilización de sellos profesionales y la participación de personas con antecedentes penales. Estas afirmaciones corresponden a denuncias de la funcionaria y no fueron verificadas de manera independiente en esta nota.
“Nosotros creemos que legitimar eso totalmente es legitimar el delito, institucionalizar el delito”, expresó.
Por su parte, la Resolución 3695/2026 fundamentó la revisión de las prestaciones en los controles destinados a verificar si subsisten los requisitos legales para mantener las pensiones. También recogió los antecedentes judiciales del conflicto: en 2025 se habían dictado medidas para restablecer prestaciones suspendidas, mientras que en febrero de 2026 la Cámara Federal de Tucumán revocó una sentencia de primera instancia vinculada con esos reclamos.
Advierten que los costos médicos y la falta de turnos dificultan los reclamos
Otro de los puntos señalados por Antúnez fue la dificultad que enfrentan los beneficiarios para obtener la documentación médica dentro de los plazos exigidos.
La funcionaria indicó que los turnos con determinados especialistas pueden demorar más de dos meses, especialmente en localidades alejadas de los principales centros urbanos.
“Si a una persona le llega hoy una carta documento y tiene que presentar una documentación médica actualizada en 30 días, vos recién en 60 días conseguís un turno si necesitás un neurólogo, por ejemplo, con suerte”, planteó.
También señaló que los estudios médicos representan una carga económica significativa para quienes dependen de las pensiones no contributivas como principal fuente de ingresos.
Como ejemplo, estimó que una resonancia magnética puede superar los 250.000 pesos, mientras que el haber de una pensión no contributiva ronda los 330.000 pesos, más el bono correspondiente, según los valores mencionados durante la entrevista.
Antúnez advirtió que una demanda simultánea de estudios médicos podría generar nuevas dificultades en el sistema de salud provincial, tanto público como privado.
Asimismo, cuestionó que se vuelva a exigir el Certificado Médico Oficial a personas que tramitaron su pensión hace más de una década y que posiblemente ya no conservan ese documento.
En Misiones hay alrededor de 75.000 pensiones no contributivas
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad aclaró que las 1.026 suspensiones identificadas actualmente representan solamente una parte del universo de prestaciones existentes en la provincia.
Según sus estimaciones, Misiones cuenta con aproximadamente 75.000 pensiones no contributivas, por lo que no descartó que nuevas revisiones administrativas alcancen a otros beneficiarios.
También remarcó que las pensiones por invalidez laboral no deben confundirse exclusivamente con las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, dado que los regímenes y las poblaciones comprendidas pueden ser diferentes.
En ese sentido, sostuvo que el Gobierno provincial no se opone a la realización de auditorías, pero considera indispensable que los procedimientos garanticen condiciones de accesibilidad, plazos razonables y posibilidades efectivas de defensa.
“Nosotros creemos que las pensiones tienen que ser auditadas, pero otra vez volvemos a repetir: no pueden avasallar derechos”, afirmó.
La funcionaria consideró que las dificultades de notificación, las diferencias en los plazos y los obstáculos para acceder a la documentación médica podrían derivar en nuevas presentaciones judiciales.
Sin embargo, aclaró que una eventual judicialización dependerá de cómo avance el procedimiento y de las posibilidades reales que tengan las personas afectadas para ejercer su derecho a reclamar.
Finalmente, Antúnez pidió a los beneficiarios mantener actualizada y ordenada su documentación médica ante la posibilidad de nuevas auditorías. (Misiones Online)
