Alberto Fernández, sobre el DNU de telecomunicaciones: "No estoy en guerra con nadie"

El presidente Alberto Fernández aseguró que no está en "guerra con nadie" y argumentó que era "definitivamente necesario" declarar como servicios públicos esenciales a la telefonía fija y móvil, internet y la televisión paga.

Fernández afirmó que su decisión de declarar como servicios públicos esenciales a la telefonía fija y móvil, internet y la televisión paga apunta a "regular un servicio que es muy importante para los argentinos" y no se trata de una medida "contra nadie", en el marco de una entrevista con Radio 10.

"Había alrededor de 6.000 chicos que no podían acceder a la conectividad y había que llevarles el acceso a internet. Por ese motivo tomamos la decisión de volver servicios públicos Internet, el cable y la telefonía", argumentó el Jefe de Estado.

Consultado sobre las críticas de la oposición a la medida anunciada el viernes, Fernández sostuvo que "no todos los miembros de la oposición está en contra de esta medida".

El Gobierno declaró, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió "cualquier aumento de precios o modificación de los mismos" hasta el 31 de diciembre.

En los considerandos, la disposición remarca que, durante la gestión de Cambiemos, "mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación".

Y subraya que esa decisión se tomó "abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional".

En ese marco, se recuerda que la Carta Magna "en su artículo 42 establece el deber de las autoridades de proveer a la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados así como a la calidad y eficiencia de los servicios públicos".

Asimismo, se destaca "que el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables".