Bajarán cuatro puntos para los que contraten más personal

El Gobierno reducirá cuatro puntos en las contribuciones patronales de
los empleadores que tomen a nuevos trabajadores. También dispondrá descuentos en
ese gravamen por regiones de modo tal de impulsar la creación de nuevo empleo y
apuntalar la reactivación económica en la salida de la pandemia. Se trata de un
capítulo central de las medidas que Alberto Fernández anunciará en los próximos días
como parte de un programa económico más amplio tras la reestructuración de la
deuda con los acreedores privados.

La medida retoma un criterio vigente en 2001 en los denominados “planes de
competitividad” que ideó el entonces ministro Domingo Cavallo y en la modificación
por zonas geográficas que plasmó en el decreto 814/01 para alentar la contratación
con un abaratamiento de los costos impositivos, y que más tarde se intentó de manera
ocasional en varias administraciones y con suerte dispar. En el caso de las nuevas
contrataciones el descuento tendrá un plazo de acogimiento y una vigencia de al
menos un semestre del beneficio.

En la actualidad, y desde la sanción en diciembre pasado de la ley de Solidaridad Social
y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (27.541), las
contribuciones patronales quedaron fijadas en 20,4% para las grandes empresas de
servicios y comercio y de 18 por ciento para las del sector industrial y las pyme. Ambas
alícuotas modificaron a su vez un esquema que el gobierno de Mauricio Macri había
logrado aprobar a través de su reforma fiscal de diciembre de 2017 que proponía una
convergencia gradual, hasta 2022, sin distinciones por regiones ni dimensiones de los
empleadores.

El nuevo sistema que lanzará el Gobierno y cuya letra chica todavía prepara el
Gabinete económico contempla, además de la baja de los porcentajes para esos casos,
la continuidad del mínimo no imponible vigente respecto de los primeros 7 mil pesos
de cada salario, a los que cada empleador puede sumar otros $ 10 mil por toda la
nómina, un número que sólo representa un alivio para los microemprendimientos y las
pequeñas compañías. Los detalles de la norma, que se cristalizará en un decreto, se
analizan en los ministerios de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, y Desarrollo
Productivo, de Matías Kulfas.

El beneficio para los nuevos empleos creados está en la misma línea del anuncio del
Ejecutivo acerca de la posibilidad de reconvertir en subsidios los créditos tomados para
el pago de salarios en la última etapa del programa de Asistencia para el Trabajo y la
Producción (ATP). En la primera línea del Gabinete confirmaron que los empleadores
que produzcan un incremento neto de su nómina de personal (no cuentan los
recambios de trabajadores que no modifiquen o reduzcan el número de asalariados)
obtendrán un descuento en torno de los cuatro puntos en las contribuciones.
Según los técnicos que trabajaron en la implementación de los cambios el
descuento estará disponible por unos siete u ocho meses a partir de su publicación en 
el Boletín Oficial. Una vez obtenida por parte del empleador, la vigencia de la rebaja
será no menor a seis meses, ampliaron. El nuevo porcentaje transitorio, que estará en
torno de 16% para las grandes empresas y de 14% para pyme e industriales, regirá
además sobre el monto por encima del mínimo no imponible de $ 7.000 por cada
sueldo más 10 mil pesos por la nómina total.

En cuanto a la rebaja por regiones, la otra modificación que se producirá sobre las
contribuciones patronales, el modelo a retomar es el del decreto 814 de 2001 que les
permitió a los empleadores “computar como crédito fiscal del impuesto al valor
agregado (IVA)” los montos del gravamen. En Trabajo explicaron que el criterio para la
distribución del beneficio será apuntalar economías regionales y zonas donde el
Gobierno entienda necesario dinamizar el mercado laboral.

Aunque se trata de una medida que remite a la gestión del ex ministro Cavallo en el
equipo económico destacaron que las reducciones de contribuciones patronales
demostraron ser eficaces en contextos puntuales y siempre y cuando fueran resueltas
por un período acotado de tiempo y, sobre todo, atadas al compromiso de generación
de nuevos puestos de trabajo. En el Gobierno admiten que nociones como
“productividad” quedaron asociadas a períodos de flexibilización laboral y ajustes
económicos pero destacan que aplicadas con un criterio virtuoso no deberían
representar pérdidas de derechos ni un desfinanciamiento de la seguridad social.