El coronavirus empeoró la situación de los juicios de lesa humanidad

El proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad no escapó al efecto nocivo que el 2020, pandemia mediante, tuvo sobre todas las áreas de la vida democrática. Sin embargo, el duro balance tras el análisis de datos sobre sentencias dictadas y firmes, causas iniciadas y elevadas a juicio, debates programados para este año y personas condenadas y encarceladas en cárceles comunes, y que arrojó una marcada disminución en todos aquellos puntos, no puede atribuírsele solamente al aislamiento obligatorio en el que el país se mantuvo durante poco más de siete meses. “Más allá de la situación excepcional de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (ASPO), persisten demoras en diferentes instancias del proceso, manteniéndose estable en la instrucción y agudizándose en las instancias recursivas contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”, indicaron desde la Procuraduría de crímenes contra la humanidad (PCCH) del Ministerio Público Fiscal, a cargo del informe.

“Si vemos los números gruesos, tenemos la misma cantidad de causas resueltas que en instrucción. Con suerte, así, tendríamos 10 años más de proceso de juzgamiento, pero biológicamente no contamos con ese tiempo. Así que si queremos que este proceso le dé una respuesta la sociedad sobre estos crímenes, tenemos que sentarnos a pensar qué hacemos”, concluyó la titular de la PCCH, Ángeles Ramos, en diálogo con este diario. El más reciente informe del área que tiene a su cargo, que se difundió a fines del año pasado, repasa lo sucedido durante el 2020 --hasta el 4 de diciembre-- en el proceso de juzgamiento de crímenes contra la humanidad y lo ubica junto a cifras generales de los años que acumula desde que, caída de las leyes de impunidad mediante, el genocidio implementado durante la última dictadura cívico militar comenzó a repasarse en la Justicia.

Sentencias en disminución
Entre enero y el 4 de diciembre hubo tan solo 9 sentencias, contabilizó la procuraduría a cargo de Ángeles Ramos. En las últimas semanas del año se sumaron dos más --una en Mar del Plata y otra en Entre Ríos--, lo que lleva el total a 11, valores alcanzados en 2009. Comparado con 2019, la caída en las sentencias es de un 50 por ciento. Al respecto, la PCCH señaló que este descenso podría analizarse a la luz del aislamiento decretado por el Gobierno nacional en marzo del 2020, que suspendió la realización de juicios orales durante al menos tres meses --y que se fueron retomando paulatinamente al compás de la adaptación del sistema judicial a la vía remota--. “Sin embargo aún si hubiesen tenido veredicto el total de causas con juicio y plenario en curso que no iniciaron durante el 2020 (que son 10), el descenso hubiese sido similar al año 2018”, puntualizaron desde la oficina especializada. En 2018 se dictaron 18 sentencias, 9 menos que en 2017.

El ASPO tuvo incidencia “ya que algunos meses estuvo todo totalmente totalmente trabado por la feria extraordinaria”. La decisión de que los procesos se retomaran por la vía remota no encendió la máquina de manera automática: “Llevó tiempo ponerse a tiro. La particularidad de estas causas es que son muy voluminosas, la gestión de estos expedientes es compleja y difícil y llevó tempo ponerse a trabajar de manera digital lo que durante años se llevó a cabo de manera analógica”, aclaró Ramos, quien aclaró que evalúa positivamente “que en la mayoría de las jurisdicciones se pudo retomar la actividad, se pudieron finalizar juicios y se iniciaron algunos”.

Instrucción a paso lento
Ese punto es, a los ojos de la fiscal, uno de los que requiere más atención: de las 373 causas en las que aún no se ha dictado sentencia, 18 están en etapa de debate; 75 están elevadas a juicio y sólo 2 de ellas tienen fecha de inicio para 2021. Ello implica que "además de disminuir la cantidad de causas con juicios iniciados durante 2020, la proyección estadística para 2021 permite sostener que la actividad se ha relentecido", indica el informe. “Eso hay que revisar. Habría que hablar con cada tribunal para ver por qué no pudo iniciar los juicios que tenía pautados, si se trató de un tema de infraestructura tecnológica o de agenda. Por otro lado, la cantidad de vacantes en los tribunales dificulta su integración”, añadió, en relación a una situación que viene arrastrándose desde hace años.

Hay juicios que deberían haber terminado a mediados de año, como tarde, y que continúan en veremos. El mismo día en que la PCCH difundió su informe, se conoció la negativa del presidente del Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires, a habilitar la feria para dar lugar a la última jornada en el cuarto debate oral por los crímenes de la Esma. Se trata de la audiencia en la que se debería conocer la sentencia contra 8 acusados de 800 casos de secuestros, torturas, desapariciones y muertes. El debate lleva casi 2 años y medio. El mismo tribunal tenía previsto dar comienzo a otros dos juicios de lesa en 2020.

El resto de las causas, unas 280, se encuentra en instrucción. En 9 de ellas se dispuso la elevación a juicio y en 13 el requerimiento del MPF aguarda decisión del juez o jueza a cargo. Se trata de "los niveles más bajos registrados desde 2015", señala el informe. En tanto, “el volumen de causas que se encuentran en etapa de investigación requiere de la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento en el menor tiempo posible", insistieron desde la Procuraduría.

No obstante, el proceso viene demostrando una tendencia ralentizar desde hace, por lo menos, un lustro. “Se necesitan más recursos”, insistió la fiscal como una opción para empezar a revertir el panorama. “Para poder avanzar con los juicios, para poder gestionar las causas en plena etapa de investigaciones. Los números muestran que así no podemos estar una década más. La pandemia nos mostró el déficit tecnológico que teníamos, pero a nivel humanitario hubo predisposición total de parte de todos los actores del proceso. Lo que falta son recursos”. 

Sentencias firmes
Las sentencias acumuladas elevaron la cifra total a 252. No obstante, el porcentaje de fallos que aguarda decisiones de la Cámara de Casación o de la Corte Suprema de Justicia para convertirse en irreversibles sigue siendo del 70 por ciento, la misma cifra que en 2019 cuando desde la PCCH crearon el concepto de “espiral recursiva” para explicar la meseta que el proceso judicial generaba el hecho de que la Cámara de Casación reenviara a los tribunales orales expedientes para que dictaran nuevos fallos sobre puntos discutidos por las diferentes partes que recurrían a la instancia superior: “Ello implica que la nueva sentencia de los TOF sea pasible de un nuevo recurso y consecuente revisión por el máximo tribunal penal, estirando el trámite del proceso”, insisten desde el área comandada por Ramos.

Según la PCCH, cada causa demora, en promedio, unos 5 años y 2 meses entre que la Fiscalía requiere su elevación a juicio y el veredicto queda firme: la etapa que más demora es la de la confirmación de la sentencia. De las 173 causas que, en la actualidad, aguardan fallos de instancias superiores para confirmar o no las sentencias de primera instancia, 39 esperan resolución de parte del máximo tribunal del país, que debe tratar al menos 101 recursos.

Acusados
En cuanto a los acusados en el proceso, de las 61 personas que fueron sentenciadas en 2020, 54 recibieron condena y 7 fueron absueltas. El total de personas con sentencia en procesos de juzgamiento de crímenes contra la humanidad ascendió, desde 2006, a 3451. No obstante, “se consolida una tendencia descendente desde el 2017, año en el cual quienes resultaron sentenciados/as fueron 234. En 2019 las personas sentenciadas habían sido 95 y 108 en 2018", precisa el estudio.

Del total, un 25 por ciento --863-- se encuentra detenido. El 74 por ciento de esa cantidad cumple arresto domiciliario, mientras que solo el 19 por ciento cumple condenas o prisión preventiva en dependencias del servicio penitenciario, una realidad que, según la PCCH “es necesario analizarlo en el contexto de la covid 19”.

La gran mayoría de la población vinculada desde su accionar con los crímenes del terrorismo de Estado durante la última dictadura transitan la tercera edad. A lo largo de este año fallecieron 36 personas investigadas por estos crímenes, mientras que en todo el país se registran 29 prófugos. De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, recalcan desde la PCCH, “692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución”.