Familia de las niñas misioneras muertas en Paraguay reafirman reclamo de justicia

Myriam Villalba, madre de Lilian María, y tía de María Carmen, las dos niñas misioneras asesinadas por fuerzas militares paraguayas en el norte del país el 2 de septiembre de 2020, reiteró sus acusaciones contra el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, de impedir la investigación de las muertes, y renovó las exigencias para que Paraguay permita el ingreso del Equipo Argentino de Antropología Forense para una nueva autopsia de los cuerpos.

Villalba estuvo en Posadas este jueves acompañada por el representante legal de la familia en Paraguay, Salvador Sánchez Ocampos, quien lleva la causa por las niñas y también la defensa de Laura Villalba, hermana de Myriam y mamá de María Carmen, detenida el 23 de diciembre de 2020 cuando intentaba salir del teatro de operaciones militares, más de tres meses después del crimen de su hija y su sobrina.

“Estamos fortalecidas, gracias al acompañamiento de tantas organizaciones que nos dan fuerza, y vamos a seguir reclamando justicia para nuestras niñas”, dijo Myriam Villalba a La Voz de Misiones.

La familia vivió por 11 años en Puerto Rico, pero tras el caso dejó la chacra y se mudó a Buenos Aires, donde Myriam Villalba, su mamá y el resto de los niños y niñas, obtuvieron el estatus de “refugiados políticos”

La mujer señaló que la “única esperanza” de la familia es la justicia internacional. Villalba y sus hermanas han presentado ya el caso ante varios organismos multilaterales, como los comités de Derechos Humanos, Derechos de la Niñez, y Desapariciones Forzadas, de Naciones Unidas.

De hecho, en enero de 2021, dos jóvenes de la familia, Tania Tamara, de 19 años, y Tamara Anahí, de 14 años, testimoniaron ante el Comité del Niño y la Relatoría Especial de Ejecuciones Sumarias.

Ambas señalaron que Lilian María y María Carmen estaban con vida cuando fueron llevadas por los militares, desmintiendo así la versión oficial del gobierno paraguayo, de que ambas murieron durante el ataque de esa mañana al campamento del grupo guerrillero conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), donde visitaban a sus padres.

El destino de “Lichita”
Las jóvenes eran parte del grupo que había ido al norte paraguayo a visitar a sus familiares combatientes de la guerrilla, y alcanzaron a escapar de la refriega con las fuerzas militares junto a la hermana de Myriam y otra adolescente, Carmen Elizabeth Villalba, “Lichita”, desaparecida poco después, y cuyo caso está denunciado internacionalmente como “desaparición forzada”.

Precisamente, en febrero del año pasado, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, pidió al gobierno paraguayo agotar todas las instancias de búsqueda de la muchacha, que según testimonios fue capturada por los militares en la huida por el monte.

“Lichita” es hija de la histórica dirigente del EPP, Carmen Villalba, que cumple una condena de 18 años por el secuestro en 2001 de María Edith Bordón de Debernardi, esposa del empresario Enzo Debernardi, y otra, reciente, de 17 años, por intento de asesinato de tres policías cuando se fugó de la cárcel de mujeres en 2004.

La suerte de su hija es un misterio. Organizaciones de varios países impulsan una campaña mundial por su aparición con vida, con el hashtag #DondeEstaLichita.

El abogado Sánchez Ocampo indicó a LVM que “es mentira que el Estado paraguayo esté buscando a esta adolescente como asegura el gobierno”.

En la huida, Laura Villalba y sus sobrinas que después declararon a los organismos internacionales vagaron varios meses por los montes del Departamento de Concepción, intentando romper el cerco militar y regresar a Misiones.

Tania y Anahí lo consiguieron. Su tía fue apresada y hoy guarda reclusión en el penal de Itapúa, procesada en dos causas, por los delitos de terrorismo, asociación criminal y tentativa de homicidio; y violación de los deberes de cuidado, en el caso de la muerte de su hija en el supuesto enfrentamiento de hace un año y cinco meses en el campamento guerrillero.

Sánchez Ocampos señaló que la acusación “no tiene el más mínimo sustento probatorio”, pero que esto en Paraguay “no tiene mucha importancia, por la corrupción del sistema de justicia”, y porque en este caso en particular “la decisión es política y no jurídica”.