La corte brasileña suspendió definitivamente la política de armas de Bolsonaro

El Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil suspendió este martes definitivamente los decretos del anterior presidente, Jair Bolsonaro, que facilitaban la compra de armas de fuego por parte de civiles, que estaban sin efecto desde septiembre último.

Según la sentencia del STF, la compra solo puede autorizarse «en interés de la seguridad pública o de la defensa nacional, y no por razones de interés personal».

Solo los dos jueces designados por Bolsonaro para la corte, Kassio Nunes Marques y André Mendon, se pronunciaron en contra de la suspensión de pasajes específicos que facilitan el acceso de los ciudadanos comunes a las armas.

En la práctica, la decisión limita la compra de armas a las personas que demuestren la necesidad de usarlas, mantiene la edad mínima de compra en 18 años y también la facultad de la Policía Federal de autorizar o no esas compras, previa evaluación psicológica específica.

La suspensión fue confirmada ahora por el pleno del STF -la Corte Suprema brasileña-, después de que la jueza Rosa Weber suspendiera las disposiciones de Bolsonaro desde el año pasado.

Las reglas, a su vez, también habían sido revocadas por el gobierno de Lula, pero el STF siguió de todos modos analizando el caso.

La decisión se adoptó en una sesión virtual el viernes último, pero fue anunciada ahora.

La mayoría de los ministros siguió en el voto al relator, el ministro Edson Fachin. Votaron por la suspensión definitiva Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Cármen Lúcia y Dias Toffoli, según la estatal Agencia Brasil.

“Las mejores prácticas científicas atestiguan que el aumento del número de personas en posesión de armas de fuego tiende a disminuir, y nunca a aumentar, la seguridad de los ciudadanos brasileños y de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en el territorio nacional”, explicó el ministro Fachin para explicar su voto.

Marques, en cambio, consideró que los ciudadanos tienen derecho a la legítima defensa. “Si, en un universo de más de 200 millones de brasileños, ha habido episodios esporádicos de violencia, no veo cómo pueden, aisladamente, justificar una regla destinada a obstaculizar algo que me parece un medio muy eficaz en defensa propia”, argumentó.

La suspensión de los decretos fue motivada por acciones interpuestas por el ahora gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Socialista Brasileño (PSB).