Ley de suspensión de sentencias de desalojo y remate

El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) tiene abierta la convocatoria para familias que se encuentren en situación de desalojo; la inscripción es hasta el 31 de mayo del 2024; la misma suspende las ejecuciones y sentencias de desalojo hasta el 31 de diciembre del 2024.

Al respecto, la Lic. Lucía Bauman del Instituto, comentó que “en Misiones la ocupación irregular de espacios públicos y/o privados es un problema social y, por ende, se transformó en un Problema de Estado, que requiere soluciones concretas”.

Comentó que con las políticas actualmente en gestión, lo que se pretende es resolver el problema sin conflictos y con respuestas que vayan acompañadas por el desarrollo urbanístico. “Esto se puede lograr con el trabajo social en conjunto con la población involucrada, avanzando así en la resolución de los obstáculos que van surgiendo y, a su vez, realizando los trámites pertinentes en orden a concretar la relocalización y/o regularización de la ocupación de las familias afectadas”, acotó Bauman.

Además agregó que “en este contexto, el crecimiento que tiene la ciudad de Posadas pone de manifiesto la realidad de los asentamientos precarios, ya que, así sea por la vulnerabilidad en la que viven las familias asentadas allí, como por la obstrucción de la vía pública que genera dicha ocupación, se evidencian graves dificultades en el ordenamiento de la trama urbana de la ciudad.”

La Ley de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate (Ley XII Nº 28- Modificatoria Nº 41) surge como una acción concreta sobre la problemática planteada y tiene como objetivo principal resguardar a las familias afectadas por juicios de desalojos sobre las viviendas que ocupan, mientras se busca una vía de solución para su hábitat. 

En este sentido el IPRODHA ha avanzado en diferentes alternativas de solución, tanto preventivas como paliativas. Es así que, desde el 2012, el Instituto trabaja sobre la relocalización de asentamientos, contando a la fecha con 1.499 viviendas entregadas a familias que provenían de distintos barrios, y 18 viviendas, para familias que ya se encontraban empadronadas. 

Asimismo, respecto a la ocupación de propiedades privadas y los conflictos que devienen de esa situación, el Instituto dispuso la creación de la Resolución Reglamentaria Nº 210/19 a través de la cual se promueven estrategias de mediación y colaboración ante conflictos judiciales iniciados en el marco de las ocupaciones irregulares.

La instrumentación de la mencionada herramienta tiene por objetivo facilitar el proceso de resolución del conflicto sin tener que llegar a una instancia de desalojo, promoviendo el consenso entre la parte demandante y la parte demandada, teniendo como objetivo final la compra de la propiedad al titular de dominio por parte del ocupante irregular.

Se vienen realizando gestiones y acuerdos con distintos propietarios privados de tierras ocupadas, municipios, Organismos Provinciales, Organizaciones de la Sociedad Civil y comunitarias, teniendo como resultado final la transferencia de las tierras a favor de las familias ocupantes, evitando que avancen los juicios de desalojo ya iniciados y aquellos por iniciarse. Hay varios procesos iniciados ante el IPRODHA con distintos grados de avance y de complejidad en relación a la situación de dominio de los mismos.

Hoy día existen más de 3.000 familias en proceso de regularización de su ocupación y alrededor de 4.000 familias (urbanas y rurales) que ya cuentan con su trámite finalizado, poseyendo así un documento que legitima la ocupación de la propiedad en la que habitan.

El padrón fue creado en el año 2014 a partir de la Sanción y Promulgación de la Ley XII Nº 28 y a la fecha, cuenta con 458 familias amparadas por la misma. Cada año se incorporan nuevos inscriptos y,al mismo tiempo, se va depurando el padrón a medida que se van resolviendo los casos.