La Justicia Federal abordará el atropello de la fauna

Se trata de un cambio histórico en relación a la justicia y política de conservación ambiental en Argentina. Misiones es de las principales jurisdicciones que lleva adelante la protección de la fauna a través de la prevención del atropello de la fauna. 

Luego de varios intentos, finalmente la Justicia Federal abordará el atropello de la fauna. Se estableció que la Dirección General de Asuntos Jurídicos asuma un rol activo en la defensa de las especies declaradas Monumento Natural.

A partir de ahora, tendrá la obligación de denunciar penalmente cualquier hecho o ilícito que comprometa la conservación de estas especies. Podrá constituirse como querellante en los casos que involucren caza furtiva, atropellamientos, comercialización ilegal de restos y otros delitos contra la fauna. De esta manera, la Justicia Federal da un aporte clave en la preservación de la fauna autóctona.

La creación de un equipo de abogadas dentro de la APN dedicado a la defensa legal del yaguareté representa un giro radical en la forma en que el país trata la conservación de su fauna. Esta resolución no solo fortalece el marco legal para combatir la caza ilegal y el tráfico de especies, sino que también otorga un rol activo al Estado en la persecución de estos crímenes, algo que históricamente había sido una labor relegada a ONGs y organizaciones comunitarias.

Especialistas ambientales detallan que esta acción significa un peldaño para sumar otros recursos por hechos posteriores, que signifiquen la protección de la fauna silvestre. 

Detallaron además que, en este caso, nadie irá preso por las muertes de decenas de animales pero, con la intimación judicial, la Nación y la Provincia resolverán mecanismos para proteger la vida de la fauna autóctona. Además, se pondrá mayor énfasis a herramientas como los radares y la cartelería de advertencia que se puso en las rutas y caminos. 

La Justicia y un paso clave para el cuidado ambiental

Desde 2010, la Red Yaguareté impulsa la necesidad de una política de Estado que garantice la protección a largo plazo de esta especie. La resolución que ahora obliga al Estado a tomar acción legal directa es un avance significativo en este sentido. Sin embargo, los activistas y expertos destacan que este cambio debe ir más allá de las promesas burocráticas y convertirse en un compromiso real.

Es crucial que todos los actores involucrados, desde los funcionarios nacionales hasta los gobernadores provinciales, trabajen juntos para erradicar las amenazas que enfrentan los yaguaretés. La falta de coordinación entre provincias y la lentitud de la justicia son obstáculos que aún deben superarse. Es necesario un esfuerzo conjunto para garantizar que el marco legal se aplique efectivamente en todo el territorio argentino.