Nación instó a las provincias a que implementen medidas para que sus municipios adecúen las tasas municipales

El ministerio de Economía envió este miércoles una nota a las 23 provincias en la que se les solicitó que implementen medidas para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las “Tasas municipales”, de aquellas que su valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio, caracterizándose por ser ilegales y arbitrarias, e incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales.

En este sentido, en el escrito se solicitó que se eliminen estas “Tasas municipales” que tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables; que no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado; y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, se pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable.

Asimismo, se destacó que el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria aplicada por municipios, perjudica a los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión tributaria. A su vez, estos afectan los costos de los bienes y servicios, e impiden una mayor reducción de la tasa de inflación nacional, perjudicando al ciudadano y a las diferentes jurisdicciones.

La nota enviada también hace hincapié en que Ley de Coparticipación, a la cual adhirieron todas las provincias, obliga a estos distritos y sus municipios a no gravar por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos.

Finalmente, en la nota se resalta que esos tributos municipales son deducibles en la liquidación del Impuesto a las Ganancias y que, por este motivo, se disminuye la masa coparticipable, lo que genera un claro perjuicio al Estado Nacional y a las diferentes jurisdicciones provinciales en sus recursos coparticipables, sin que exista justificación alguna.