Milei ya suprimió 45.000 empleos públicos y se vienen nuevos recortes en más reparticiones

Más que motosierra es una guadaña que funciona como un péndulo de manera permanente. Muchos de los que trabajan en el Estado saben que pueden quedarse sin trabajo en cualquier momento y, además son hostigados para que se vayan antes que el verdugo los ejecute», explicó un veterano sindicalista del PAMI que no puede creer como despiden gente que trabaja y cumple y otros que vienen de la política siguen cobrando como si nada pasara.

«Una motosierra selectiva», explica, «según con que funcionario te acomodés y siempre y cuando ese mismo funcionario dure en la gestión porque los suelen echar como a los perros en cuanto no funcionan o no cumplen», continúa explicando la tortuosa relación entre los empleados estatales y los dirigentes de la administración Milei, el sindicalista que nunca vivió un momento tan conflictivo como el actual.

La Casa Rosada fue taxativa en su mandato y, de hecho, el presidente, Javier Milei, volvió a defender la reducción del personal del Estado nacional durante su discurso en el Congreso del pasado sábado 1 de marzo. «Gestionar no es administrar el Estado. Gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad», explicó Milei quien suele afirmar que «…el único camino racional es achicar el Estado a su mínima expresión posible».

Ahora bien, es posible realizar eso «…en un país donde pibes de 14 y 17 matan a una nena de 7 años. La respuesta fue la de profundizar los despidos en el ex ministerio de desarrollo social, hoy capital humano, con más de 2000 trabajadores de la Subsecretaría de Políticas Familiares (Senaf) que fueron despedidos o pasados a disponibilidad. O, lo que sucede en la ex AFIP, hoy  ARCA, donde muchos trabajadores y profesionales calificados para sostener la recaudación impositiva y los superávits de los que tanto se vanagloria el ministro Caputo, optaron por el retiro voluntario dejando oficinas que son muy complicadas de reemplazar», explicó Julio Estévez (h) del gremio de la Unión de Personal Superior del organismo recaudador.

Recientemente, un informe ecónomico realizado por técnicos del Centro de Economía Política (CEPA), de referencia para sectores de la oposición peronista, contabilizó las bajas en el Estado y concluyó que entre noviembre de 2023 y enero de 2025 hubo una reducción de 43.778 puestos de trabajo estatales.

El informe destaca las empresas y organismos públicos estratégicos que sufrieron los mayores recortes. El Correo Argentino lidera la lista con una reducción de 4.705 empleos, seguido por ARCA, la ex AFIP, con 1.694 despidos. Otras entidades clave como Aerolíneas Argentinas (-1.558), AySA (-1.463), Conicet (-1.422) y el Banco Nación (-765) también registraron importantes pérdidas de personal.

Oficinas como el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales redujeron su dotación en un 60%, mientras que el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte sufrió un recorte del 52% de su personal.

La motosierra no se detiene

Los datos anteriores llegan hasta enero de 2025 pero marzo es el mes clave y muchos trabajadores ya recibieron su telegrama de despido o de desvinculación en el caso que se trate de monotributistas.

«Cientos de compañeros y compañeras de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, la Dirección Nacional de Arquitectura y otras áreas recibieron la notificación de la finalización de sus contratos, dejando a 400 familias en la calle sin ninguna oportunidad», afirmó Daniel Catalano de ATE Capital, gremio que realizará marchas desde el miércoles 5 para revertir esta situación a pesar de las advertencia de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich que reaccionó a las declaraciones que anticipan una mayor conflictividad social en Buenos Aires desde el primer día hábil del mes.

«Si creen que nos vamos a quedar mansos, y de brazos cruzados están equivocados» dijo Catalano anunciando la intención de violar el protocolo anti piquete que funcionó, al menos, hasta ahora. Bullrich fue categórica ante esa posibilidad, «¿Querés jugar con fuego», Catalano?.

El otro gremio estatal, que tiene más trabajadores en relación de dependencia afiliados y no tantos monotributistas, es UPCN conducido por Andrés Rodríguez que viene trabajando en protestas masivas en las dependencias que comienzan a quedar vacías de personal y, totalmente, inútiles. Una especie de vaciamiento empresarial. En este caso estatal.

El Estado argentino viene cumpliendo a medias un fallo de la Corte Suprema de Justicia para sanear la cuenca del Riachuelo Matanza. Una deuda con la sociedad que se extiende desde hace décadas. A pesar de la orden judicial suprema, el gobierno, a través del funcionario, Lucas Figueras, envió varios telegramas, durante la medianoche del día viernes 28 de febrero previo al fin de semana largo, para despedir a más de 400 trabajadores. Sumados a los más de 100 despedidos del 2024, el organismo se encuentra frente a un achique del 50% de su planta. Parece bastante difícil que se limpie el Riachuelo durante esta gestión.

Donde no hay muchas defensas por las innumerables contrataciones políticas que se produjeron mientras los estados cobraban a los particulares por sus automóviles, utilizándolos como cajas recaudadoras, es en la decisión de terminar con 2.400 puestos que dependían de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), un ente cooperador del Ministerio de Justicia para agilizar los trámites en los registros del automotor que creció al ritmo de la inflación de los gobiernos kirchneristas. El Gobierno ya anunció que va a desvincular a los trabajadores que tengan este convenio.

Mientras que en el sector de los Derechos Humanos la situación es muy compleja. Para un presidente que opina que hubo un «curro» con la política humanitaria y de memoria parece bastante obvio que la motosierra pase por allí. En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex-ESMA, 87 empleados fueron despedidos a través de un WhatsApp recibido el 31 de diciembre en el que se les comunicaba que no debían presentarse a trabajar. ATE denunció también que hubo despidos en el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y en Parques Nacionales.

La alternativa judicial

Si bien cada sector tiene su problemática propia y asi como, en el pasado, se inventaron oficinas para ocuparlas con militantes políticos agrandando la planta de trabajadores estatales nacionales, la motosierra de Milei corta cabezas como en las películas de terror de la masacre de Texas. Nada importa, incluso atraviesa organismos que no pueden perder más gente y son vitales para el funcionamiento del Estado.

En los decretos 1148/24 y 1149/24 firmados por Milei y el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger se fija que «las entidades del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza». Una prohibición que comprende a las designaciones en planta transitoria, las contrataciones que están bajo el paraguas del artículo 9° y la prestación de servicios profesionales autónomos.

Cualquier alta nueva excepcional deberá estar respaldada por la baja de tres empleados «cualquiera fuera la causal, producidas a partir de una renuncia, jubilación o desvinculación».

«Pues bien, la baja de empleados en la ex AFIP generó problemas tan grandes para trabajar con eficiencia en la recaudación que ese mandamiento debería ser cambiado con urgencia. Necesitamos profesionales de economía, trabajadores que sepan monitorear las operaciones en la nube, que entiendan de criptomonedas, de operaciones digitales, de profesionales competentes que quieran trabajar seriamente para la sociedad en su conjunto persiguiendo a los grandes evasores y no a los quisokeros de un barrio que se atrasan al pagar el monotributo», afirmó Julio Estévez (h).

Por eso, esta reforma que tumbó a la AFIP para crear el ARCA y volver a «los tiempos paleozóicos de la DGI, tuvo como respuesta de nuestro gremio la presentación de un amparo que está en trámite y tiene dictamen favorable de la fiscalía de Cámara, ante la Justicia Contencioso Administrativa federal, para declarar inconstitucional del decreto de disolución de la Adminstración Federal que nos rebajó a esta agencia recaudadora, de hoy en día, que es absolutamente ineficiente para cumplir con los objetivos que la Nación requiere», explicó el sindicalista de la UPSAFIP.

Gremialistas de la CGT afirmaron a iProfesional que el amparo de la ex AFIP, presentado ante los tribunales federales, es seguido con atención y servirá de caso testigo para futuras presentaciones que serán válidas como una alternativa  a un posible conflicto en las calles, que será una amenaza latente durante toda esta semana corta que comenzará el miércoles 5.

Fuente: Iprofesional