¿Qué ocurrió un 22 de febrero?: inolvidable "Punto Final" en Argentina

Ley de Punto Final. La Ley 23.492, conocida como Punto Final, fue promulgada en Argentina el 24 de diciembre de 1986 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín para disponer la extinción de acciones penales por presunta participación(en cualquier grado) en los delitos de desaparición forzada, detenciones ilegales, torturas, homicidios agravados o asesinatos de personas acaecidos durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de Argentina, dictadura impuesta en ese país entre los años 1976 y 1983.

¿En qué consistía la Ley 23.492, conocida como "Punto Final"?

Luego de haber sido juzgados los principales jefes militares de la dictadura, entre los que figuraron el Gral. Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Massera (condenados a cadena perpetua), los diputados de derechas Juan Carlos Pugliese, Carlos A. Bravo y Antonio J. Macris presentaron un proyecto de ley que el presidente Raúl Alfonsín aprobó y fue conocida como la ley de Punto Final, mediante la cual se fijaba un plazo de solo 30 días a partir de su puesta en práctica para recibir y tramitar acusaciones contra militares por violación de los derechos humanos durante el Proceso de Reorganización Nacional.

La ley buscaba librar de toda responsabilidad a los representantes castrenses que participaron en la represión considerando que los delitos ya habían prescripto y pretendía el perdón para los mismos por considerarlos hechos pasados.

Antes que terminaran los 30 días fijados como plazo por la ley de Punto Final para establecer demandas contra militares, la Justicia federal dictó el procesamiento de unos 500 militares, lo que generó una gran conmoción entre los mismos por lo que fue promulgada entonces una nueva ley el 4 de junio de 1987 mediante la cual quedaban exonerados los oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, por haber obrado en virtud de obediencia debida a sus superiores.

Ambas leyes fueron consideradas por el pueblo argentino como leyes de impunidad, que buscaban obstruir las investigaciones y perdonar las violaciones a los derechos humanos registradas en ese periodo por lo que fueron objeto de continuas denuncias a distintas organizaciones internacionales.

Anulación.

Dado que la Ley de Punto Final permitía juzgar la apropiación de menores varios casos fueron llevados a corte una vez que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo lograban localizar a algunos de los niños desaparecidos durante la dictadura y eran juzgados los que se apropiaban de ellos pero no los que desaparecían a sus padres que generalmente eran los mismos lo que provocaba una situación incongruente.

En agosto de 2003, el presidente peronista Néstor Kirchner hizo derogar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los represores comenzaron a recibir condena por los delitos cometidos durante la dictadura cívico militar.