Procurador de Bolivia denunció que Macri «colaboró» con el golpe contra Evo Morales

El Procurador General de Bolivia, Wilfredo Chávez Serrano, aseguró este martes que existió “colaboración” del Gobierno de Mauricio Macri en el envío ilegal de material represivo durante las jornadas del golpe de Estado en ese país, en noviembre de 2019.

“Han surgido informaciones de la colaboración que ha existido hacia el Gobierno de facto de parte de algunos gobiernos vecinos, y la participación del Gobierno de Mauricio Macri”, aseguró el funcionario en declaraciones a El Destape Radio.

Chávez Serrano dijo que se trató de una “actuación política no leal que ha sufrido mi país, que ha causado muerte, luto y una persecución terrible a los dirigentes del Gobierno”, al recordar las jornadas del golpe de Estado de noviembre de 2019 que depuso al entonces presidente Evo Morales.

En este sentido, recordó la carta enviada en esos días, en la que un excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana agradecía al Gobierno de Macri el envío de pertrechos usados en la represión, entre los que nombró “40 mil cartuchos, gases lacrimógenos y granadas”.

“No es material de guerra pero sí es material de represión, que se ha usado en los días más duros aquí en Bolivia, en la ciudad de El Alto, en Cochabamba; ese material se ha usado para disuadir y han sobrevenido masacres, como consta en el informe del grupo interdisciplinario que organizó la OEA”, indicó el Procurador boliviano.

Tras aseverar que “es un tema delicado”, afirmó que la justicia de Bolivia está investigando la “participación de gobiernos extranjeros” en las jornadas del Golpe de Estado.

“En este momento se está investigando en nuestro país la participación del Gobierno argentino, hay una negativa de las autoridades de entonces (en alusión a los funcionarios del Gobierno de Macri), pero ante la evidencia es un tema que tiene que investigarse”, expresó.

Al ser consultado sobre si podría ser citado a declaración indagatoria en el marco de esta investigación el expresidente Mauricio Macri indicó que “la definición de la estrategia del uso la toma el Ministerio Público, pero tendrá que convocarse a todos los actores”. (Télam)