El arancelamiento universitario para extranjeros podría abarcar a casi 80.000 estudiantes

La Nación anunció que las universidades públicas podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes, medida que afecta al 3,9% de la matrícula.

El Gobierno nacional anunció que las universidades públicas estarán habilitadas para cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Manuel Adorni, vocero presidencial, informó la medida como parte de las reformas previstas en el régimen migratorio para avanzar hacia “un país ordenado”.

Según el funcionario, la iniciativa busca ser una fuente adicional de financiamiento para las casas de estudio. Esta decisión tomó por sorpresa al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que agrupa a los rectores, y a la Universidad de Buenos Aires (UBA), que desconocían el anuncio oficial.

En detalle, en el sistema universitario público, los estudiantes extranjeros representan el 3,9% de la matrícula total de grado, lo que equivale a 79.834 alumnos. La mayoría de estos estudiantes provienen de países vecinos, como Brasil, Perú, Paraguay y Bolivia.

De acuerdo con datos de la Síntesis de Información Universitaria, el 95,8% de los estudiantes extranjeros en Argentina procede de América Latina, mientras que el 4,2% restante proviene de Europa, Asia, África y Oceanía. Las carreras de Medicina concentran una mayor proporción de alumnos extranjeros, que alcanzaría el 30% en algunas universidades, según precisó el vocero presidencial.

Las universidades han cuestionado la viabilidad del proyecto
El proyecto también contempla la posibilidad de exceptuar a estudiantes venezolanos del arancelamiento debido a la crisis humanitaria que los obliga a emigrar. Sin embargo, algunas universidades han cuestionado la viabilidad de establecer aranceles para estudiantes extranjeros no residentes, al señalar que para inscribirse en las universidades argentinas es requisito contar con residencia en el país y poseer Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, sectores universitarios advierten que la proporción de extranjeros en la matrícula es baja y dudan de su impacto significativo en el financiamiento.

Como antecedente, en 2023, la primera versión de la Ley Bases incluía un artículo que habilitaba a las universidades a cobrar aranceles a extranjeros no residentes, pero fue desestimado en el Congreso. A mediados de este año, el entonces ministro de Economía, Federico Sturzenegger, reconoció que la propuesta sería retomada en un proyecto de ley específicamente educativo. Según fuentes gubernamentales, ahora se estudia impulsar la medida por decreto, en lugar de recurrir al Congreso.

El arancelamiento estará dirigido a extranjeros que no permanezcan en el país tras graduarse

En tanto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo en agosto que el arancelamiento debería orientarse a aquellos estudiantes extranjeros que no permanezcan en el país tras graduarse. “Al extranjero que viene solo a estudiar y a irse, me parece que debería cobrársele una cuota”, señaló en ese momento. Álvarez también planteó la posibilidad de que el arancel sea gestionado directamente por la Secretaría de Educación, de modo que lo recaudado se destine a un programa de becas para estudiantes.

No obstante, este debate sobre el arancelamiento se produce en un contexto de tensiones presupuestarias en las universidades públicas. En octubre, durante la segunda Marcha Federal Universitaria, el gobierno adelantó su intención de avanzar con esta propuesta. Igualmente, se destaca que la presencia de estudiantes extranjeros es valorada como un indicador positivo en los rankings internacionales de calidad educativa.

Según Quacquarelli Symonds, la empresa responsable del ranking QS, “atraer estudiantes internacionales beneficia la diversidad académica y promueve una experiencia educativa más enriquecedora”.

Con información de Infobae.