Arce y Rojas Decut respaldan la lucha contra el lavado de activos

Carlos Arce y Sonia Rojas Decut firmaron el dictamen para mejorar la legislación vigente. Participaron las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda. El proyecto cuenta con media sanción de Diputados.

En el marco de la defensa del mandato misionero, los senadores de Innovación Federal, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, participaron del trabajo legislativo en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Los misioneros firmaron el dictamen que aborda modificaciones relacionadas con la prevención y represión del lavado de activos la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

 

 

El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y obtuvo dictamen de comisión por unanimidad por los senadores presentes el miércoles. Esa iniciativa también contempla reformas a la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246). Además, establece la creación de un registro de proveedores de servicios virtuales.

Sobre el proyecto

En este sentido, la Comisión Nacional de Valores será el organismo que estará a cargo del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales, como las criptomonedas.

Si bien estos elementos tienen el potencial de impulsar la innovación, eficiencia y la inclusión financiera, también crean nuevas oportunidades para que delincuentes y/o terroristas laven sus ganancias.

Entre otros puntos, se estipula la creación de un Registro de Beneficiarios Finales. Sería como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas. La autoridad de aplicación será la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

 
Atento a la evolución de la tecnología se incorpora, modifica y suprime Sujetos Obligados y se regula por primera vez a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y Abogados.

Estas modificaciones otorgan mayores herramientas a las autoridades competentes como la Unidad de Información Financiera (UIF), para el combate de estos delitos y que son exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El objetivo es lograr que el país cumpla con las normas internacionales. Esto resulta crucial para mantener relaciones fluidas con organismos de crédito internacionales, tanto para el Estado como para organismos del sector privado.

 
 

Actualización de las normas vigentes

En la reunión informativa de la semana pasada el Jefe de Gabinete de la UIF, Nicolás Vergara, sostuvo que la evaluación del GAFI no se dirige a un gobierno en particular, sino al país en su conjunto. Al respecto, resaltó la importancia de que estas medidas sean consideradas políticas de Estado “para proteger al país de los crímenes organizados”.

Otra de las modificaciones planteadas en la media sanción es ampliar la escala de sanciones para prevenir estos delitos, incluido el aumento de las multas ya existentes, son más eficaces, proporcionales y disuasivas.

Actualmente, el país atraviesa un proceso de evaluación mutua ante el GAFI desde dos enfoques complementarios. Por una parte, está la evaluación sobre el cumplimiento técnico, el marco jurídico e institucional del país. Mientras que por otra, la evaluación sobre la efectividad en la que se evalúa el grado en que el sistema de prevención y represión de lavado de activos resulta efectivo sobre la base de alcanzar un conjunto definido de resultados.