Crisis en Perú: decretan el estado de emergencia en medio de protestas, saqueos y muertes

El nuevo gobierno de Perú decretó el estado de emergencia en todo el país para contener las violentas protestas que derivaron en saqueos, represión policial y la muerte de al menos cinco personas. La convulsión política escaló a tal nivel tras la detención del presidente depuesto Pedro Castillo luego de su último intento de aferrarse al poder.

«Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, a toma de carreteras y caminos (…), que están siendo controlados por la policía nacional y las fuerzas armadas», anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola.

De esta manera, el flamante gobierno de Dina Boluarte, que hasta hace una semana se desempeñaba como vicepresidenta, regirá durante treinta días y será aplicable a todo el territorio. El gobierno ya había declarado el estado de emergencia en varias ciudades como Arequipa e Ica en el sur del país, epicentro de las protestas, donde también figuran la turística Cusco, Arequipa (segunda ciudad del país), Puno, y Apurímac (la cuna de la actual presidenta).

La decisión fue tomada para contener las masivas manifestaciones y cortes de rutas en 14 de los 24 departamentos peruanos para exigir la liberación del presidente depuesto y detenido el pasado miércoles, como también la convocatoria a elecciones anticipadas para cambiar la composición del Congreso en el marco de un fuerte descontento popular.

Elecciones anticipadas en Perú
La reemplazante de Castillo, Dina Boluarte, aseguró inicialmente que gobernaría hasta el fin de su mandato en julio de 2026, tal como prevé la carta magna de ese país. Sin embargo, las masivas protestas en torno a la liberación del mandatario depuesto y la convocatoria a elecciones anticipadas elevaron la tensión y la obligaron a recalcular.

«Legalmente los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo haciendo reajustes ayer, conversando, estos se pueden adelantar a diciembre del 2023», puntualizó el miércoles la presidenta peruana ante la prensa. De esta forma, propuso adelantar las elecciones primero a abril de 2024 y luego a diciembre de 2023, una iniciativa que será discutida por el Congreso el jueves próximo.

La atención está puesta en la reacción del Congreso a la propuesta de elecciones anticipadas, pues implica que ellos recorten su mandato en dos años. Para recortar mandatos, como el presidencial y legislativo, se requiere una reforma constitucional, un proceso que puede tomar hasta 12 meses. La demanda de nuevas elecciones se asocia con un abrumador rechazo al Congreso: según sondeos de noviembre, un 86% de los peruanos desaprueban al parlamento.

Protestas, saqueos y muerte en Perú
La escalada de tensión en Perú ocurrió a partir de las movilizaciones que fueron en aumento desde el domingo en varias ciudades del norte y sur andino. En especial en las zonas que apoyan a Castillo, el maestro rural y líder sindical que desafió a las tradicionales élites y ocupó la presidencia en el último año y medio.

Las violentas protestas mutaron hacia la toma de aeropuertos y rutas que paralizaron al país, cuya represión dejó un saldo de al menos siete muertos y 200 heridos, según la Defensoría del Pueblo.

En un intento de contener el estallido social, el gobierno de Boluarte cesó el pasado lunes a los 26 prefectos regionales del país, nombrados por el gobierno de Castillo, bajo el argumento de que «azuzan las protestas».

Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se declaró «profundamente preocupada por la posibilidad de una escalada de la violencia».  «Dada la cantidad de protestas, incluidas huelgas, previstas esta semana, hacemos un llamado a todos los involucrados para que ejerzan moderación», indicó en un comunicado emitido en Ginebra.

El estado de la detención de Pedro Castillo
Tras perder el apoyo de las fuerzas de seguridad, Pedro Castillo fue detenido luego de intentar disolver el cuerpo legislativo el pasado miércoles. Si bien es una maniobra que está contemplada en la constitución de ese país, fue interpretada como un «autogolpe» con el fin de aferrarse al poder ante una inminente destitución en manos del Congreso, en manos de la oposición «de derecha».

El expresidente intentó refugiarse en la embajada de México pero no tuvo éxito y fue detenido por efectivos de la prefectura mediante una orden de la fiscal general Patricia Benavides, en virtud de los delitos de «rebelión» y «conspiración». En tanto, la fiscalía busca mantener a Castillo en prisión preventiva durante dieciocho meses.

El juez que debía tratar el miércoles el pedido, Juan Checkley, reprogramó la audiencia para el próximo jueves por la mañana tras aceptar los alegatos de la defensa, que se denunció no haber recibido todos los documentos de la causa. Por tal motivo, el magistrado dispuso que el expresidente permanecerá detenido otras 48 horas, tras el vencimiento del plazo de siete días de detención.

«¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia», tuiteó Castillo tras conocerse el anuncio.

Fuente: Perfil